La seguridad se configura actualmente como una de las preocupaciones sociales más fuertes, habiendo aumentado la intensidad y extensión de la inquietud en torno a esta problemática. Por ello resulta imprescindible profundizar el análisis, cuestionar los paradigmas vigentes, repensar cuál es la seguridad que queremos y aportar al diseño de políticas que permitan enfrentar este fenómeno social.
En el año 1994, se produce la última reforma a nuestra Constitución Nacional y con esta se da raigambre constitucional a un nuevo sujeto de derecho denominado “consumidor”, como fiel expresión jurídica del neoliberalismo. En ese mismo año, nace el Código de Faltas en nuestra Provincia y en él se criminalizan aquellas conductas que difícilmente puedan provenir del ya mencionado consumidor: Merodeo, prostitución escandalosa, concurrencia a reuniones públicas tumultuosas, mendicidad y vagancia, consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, entre otras.
Progresivamente se fue formando un estereotipo de los supuestos productores de inseguridad en base a prejuicios (racistas, clasistas, xenófobos) que configuran una fisonomía del delincuente en el imaginario colectivo, materializado de la mano de la adjetivación vaga y ambigua como forma legislativa preferencial del cuerpo normativo en materia de Faltas de la Provincia, así como en las nociones de orden y seguridad del gobierno. Es entonces con la sistemática aplicación del Código de Faltas como herramienta primordial que se vulneran derechos y garantías básicas de un sector social y una cultura determinada.
La duplicación del presupuesto en seguridad y personal policial en 7 años, detenciones multiplicadas por diez y “controles callejeros” a los jóvenes de sectores populares dejan en evidencia una lógica específica del despliegue efectista que de ninguna manera demuestra capacidad alguna para resolver el problema que dice atacar y en consecuencia, produce mayor sensación de inseguridad frente al Estado mismo, sensación colectiva que se opone al fortalecimiento de las instituciones democráticas del Estado de Derecho.
En este contexto, la Campaña contra la Violencia Institucional se propone poner en discusión el actual modelo de seguridad de la Provincia de Córdoba, a partir de la propuesta de Seguridad Democrática desarrollada desde el CELS y el Ministerio de Seguridad de la Nación, además de abrir espacios de formación específicos para voluntarios territoriales, estudiantes y profesionales, de modo tal que puedan ser capaces de intervenir en este complejo mapa de situación.
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